TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE EUROPOL EN LA LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES

Si bien las funciones iniciales de Europol se centraron en facilitar el intercambio de información y prestar un asesoramiento operativo a las autoridades nacionales competentes, a Europol le fueron conferidas progresivamente tareas operativas para asistir directamente a los Estados miembros sobre el terreno e ir distanciándose del intergubernamentalismo que dominaba el extinto tercer pilar de Justicia y Asuntos de Interior. A partir del 1 de enero de 2010, cuando Europol devino en una agencia descentralizada de la UE, sus tareas operativas en el ámbito del tráfico ilícito de migrantes comenzaron a perfilarse. Aunque la misión principal de la Agencia aún consistía en compartir inteligencia criminal, desarrollar análisis operativos y ayudar a los Estados miembros a iniciar o fortalecer las investigaciones criminales transfronterizas, Europol empezó a ofrecer apoyo operativo a las autoridades nacionales mediante la participación en los Equipos Conjuntos de Investigación (ECI), brindando asistencia a través de equipos especializados de extracción de datos y desplegando sobre el terreno sus oficinas móviles y expertos.

El verdadero refuerzo de las tareas operativas de Europol en el ámbito del tráfico ilícito de migrantes se produjo tras la llamada “crisis de los refugiados”. El Reglamento 2016/794 de Europol, que entró en vigor en mayo de 2017, amplía el apoyo operativo de la Agencia en las investigaciones nacionales destinadas a combatir el tráfico ilícito de migrantes. A este respecto, especial relevancia presenta la participación de Europol en los ECI y las actividades operativas que el nuevo Centro Europeo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes (EMSC por sus siglas en inglés) de la Agencia desarrollan en la práctica. Por un lado, aunque los ECI son siempre dirigidos por una autoridad nacional de uno de los Estados participantes en el mismo, Europol puede llevar a cabo tareas que conllevan un cierto grado de discrecionalidad tales como proponer el inicio, planificación, organización e implementación efectiva de los ECI.

Esto es, Europol no solo participa activamente en los ECI asistiendo a los Estados miembros en su implementación y planificación, sino que también puede desarrollar actividades operativas desplegando su propio personal para proporcionar apoyo analítico y operativo. Por otro lado, el Reglamento 2016/794 de Europol se limita a indicar que la Agencia está facultada para diseñar centros especializados como el EMSC pero no detalla las tareas operativas que la Agencia puede desarrollar valiéndose de estos centros. En la práctica, Europol ha desplegado personal sobre el terreno para apoyar a las autoridades nacionales encargadas del desmantelamiento de las redes de tráfico ilícito de migrantes. A este respecto, el EMSC especialmente en el contexto de la aproximación de los hotspots ha desplegado Equipos de Investigación Móvil (EMIST) y Equipos de Análisis Móvil (EMAST) con el objetivo de asistir directamente sobre el terreno en el desmantelamiento de las redes de tráfico ilícito de migrantes.

Sin embargo, el alcance real de la participación de Europol en los ECI y el apoyo operativo a los Estados miembros sobre el terreno a través del EMSC es muy difícil de determinar debido al secretismo y la negativa sistemática de la Agencia a otorgar acceso total o parcial a documentos. En este sentido, el refuerzo del mandato operativo de la Agencia no es en sí mismo problemático sino la amplia formulación de la base legal y la falta de transparencia que rodea a las actividades operativas que desarrolla Europol, lo que a su vez dificulta la tarea de determinar el grado de discrecionalidad y, por ende, el control de la Agencia. Es decir, la expansión de facto de las tareas operativas de Europol genera lagunas en un sistema de control que naturalmente está diseñado para evaluar las actividades de iure de la Agencia. La función operativa reforzada de Europol con relación al tráfico ilícito de migrantes ha de ir acompañada de un modelo de responsabilidad ya que la Agencia tendrá un impacto cada vez mayor en los derechos fundamentales de los individuos.

Promover una mayor responsabilidad social hacia la sociedad civil mediante el diseño de un Foro Consultivo (FC) o un Agente de Derechos Fundamentales (ADF) desembocaría en una mayor transparencia pues abriría la Agencia a la influencia y el control de otros organismos e instituciones en el campo del tráfico ilícito de migrantes. En definitiva, la responsabilidad social es un mecanismo que permitiría a las organizaciones de la sociedad civil ejercer un control institucionalizado y promover una mayor transparencia frente al actual secretismo que rodea las actividades de Europol. La sociedad civil, a través de un FC y/o un ADF, tendría mayor acceso a la información y a la organización de visitas para supervisar el trabajo diario de Europol sobre el terreno y para hacer sugerencias y garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales.

Por consiguiente, no se aboga por una descripción restrictiva de las actividades operativas que limiten absolutamente la capacidad de Europol a la hora de responder en la práctica ante desafíos tan volátiles como el tráfico ilícito de migrantes, sino de adoptar un marco normativo en el que se establezcan claramente las condiciones de ejercicio de sus tareas operativas y que permitan desentrañar si la Agencia se está extralimitando en sus funciones, o si está conculcando ciertas garantías procesales esenciales en su trato directo o indirecto con los migrantes. Aquellos individuos que puedan verse afectados por las actividades que Europol desarrolla sobre el terreno, así como la sociedad en su conjunto debería de poder informarse acerca de, por ejemplo, el grado de participación de la Agencia en los ECI o en qué medida Europol asiste mediante el EMSC a los Estados miembros en sus investigaciones nacionales. La posición actual de Europol, que deniega todo acceso a información suponga o no una amenaza a un interés protegido en relación con operaciones ya concluidas, hace que desarrolle sus tareas operativas en la oscuridad y en un limbo de control.

 

Este post es un resumen del artículo publicado por la Revista General de Derecho Europeo en mayo de 2020

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